La empresa Calica ha iniciado un nuevo proceso legal contra el Gobierno Federal tras la reciente declaratoria de la Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que abarca más de 53 mil hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y la zona continental de Cozumel. Este decreto, emitido el 23 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, restringe actividades de extracción en la zona, afectando directamente las operaciones de la empresa en cerca de dos mil hectáreas de su propiedad.
El Juzgado Noveno de Distrito admitió una demanda de amparo indirecto interpuesta por Calica, argumentando que el Gobierno de México no notificó previamente sobre el decreto de protección. El próximo 26 de noviembre, la empresa buscará obtener una suspensión definitiva que permita continuar sus actividades mientras se resuelve el juicio.
Este conflicto legal se suma a otro proceso internacional en el que Calica reclama al Estado mexicano una indemnización de mil 500 millones de dólares, debido a la prohibición de extracción de materiales pétreos en Playa del Carmen. Este caso, que se encuentra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), sigue sin resolución.
El próximo 6 de diciembre se celebrará la audiencia constitucional que determinará si la declaratoria de área natural protegida continúa vigente, en un caso que pone en juego la conservación ambiental frente a los intereses comerciales de la empresa transnacional.
