Aunque la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) ha lanzado un ultimátum contra los negocios que aún utilizan plásticos de un solo uso, la medida enfrenta una contradicción de fondo: las llamadas bolsas “biodegradables” que hoy se promueven no pueden desintegrarse en las condiciones actuales de los basureros del estado.
Y es que, según especialistas y comerciantes, estos materiales necesitan temperaturas específicas, niveles de humedad controlados y procesos de compostaje industrial para degradarse correctamente, condiciones que no existen en ningún relleno sanitario de Quintana Roo.
“Las bolsas no se degradan solas al estar en el tiradero; necesitan procesos que aquí simplemente no hay”, comentó un comerciante local al ser consultado sobre la medida.
El objetivo de la ley estatal, vigente desde 2019, era reducir la contaminación por plásticos de un solo uso, sin embargo, en la práctica, las alternativas biodegradables terminan acumulándose igual que las convencionales, debido a la falta de infraestructura adecuada para su procesamiento.
Ante este panorama, surge una pregunta inevitable:
¿De qué sirve imponer sanciones a los negocios locales si el propio estado no garantiza las condiciones necesarias para cumplir la ley?
Mientras tanto, los tiraderos municipales siguen recibiendo toneladas de residuos cada semana, sin separación ni tratamiento, lo que pone en duda la efectividad real de una política ambiental que, hasta ahora, parece quedarse más en el discurso que en la acción.
