La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo tras suprimir el artículo que establecía la aplicación retroactiva de la norma, una medida que había generado controversia por su posible inconstitucionalidad.
Con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de San Lázaro avaló el dictamen en lo general el 14 de octubre, en una sesión marcada por tensiones políticas y un intenso debate jurídico.
La versión final del proyecto, impulsado por el gobierno federal y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, eliminó el artículo transitorio que pretendía aplicar la ley de forma retroactiva, con el fin de preservar los derechos de quienes ya habían promovido amparos bajo la legislación anterior.
Durante la discusión, se presentaron más de 300 reservas enfocadas en los límites del interés legítimo y en la posibilidad de interponer amparos colectivos, lo que evidencia la profundidad del debate.
Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la reforma al considerar que podría limitar el acceso ciudadano a la justicia, especialmente en casos de impacto ambiental o social.
Por su parte, los diputados de Morena defendieron el cambio, argumentando que busca evitar el uso indebido del amparo por parte de grandes corporaciones que lo emplean para detener obras o proyectos públicos.
La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien se abstuvo de votar, exhortó a revisar los detalles del dictamen para garantizar que no se vulneren derechos constitucionales.
Con la eliminación de la retroactividad, los amparos en trámite continuarán resolviéndose conforme al marco jurídico previo. Las nuevas disposiciones aplicarán únicamente a los casos futuros, en cumplimiento del artículo 14 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas.
Fuentes legislativas señalaron que la eliminación del artículo transitorio fue también una decisión política estratégica, luego de que algunos legisladores de Morena expresaran inconformidad con la versión avalada por el Senado.
Pese a las diferencias internas, la mayoría oficialista cerró filas para aprobar el dictamen y remitirlo de nuevo a la Cámara Alta para su revisión final.
