Los desarrollos Adamar y Maiim iniciaron su construcción en 2023 sin contar con autorización ambiental y enfrentan órdenes de demolición y procesos legales.
Por segunda ocasión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó los permisos de impacto ambiental para la construcción de los complejos Adamar y Maiim, ubicados frente a la bahía Solimán, en el municipio de Tulum, donde ambos proyectos acumulan denuncias y sanciones por operar al margen de la ley.
De acuerdo con la Gaceta Ecológica de la Semarnat, los promoventes, Promotora de Incentivos México, responsable de Maiim, y Desarrollos Tulum Dieciséis, a cargo de Adamar Solimán, solicitaron de forma extemporánea los permisos en 2024 y nuevamente en julio de 2025, sin que la dependencia federal aprobara sus manifestaciones de impacto ambiental.
Las dos construcciones comenzaron sus obras desde finales de 2023, sin contar con la autorización ambiental correspondiente, lo que derivó en múltiples denuncias por parte de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y vecinos de la zona, quienes interpusieron amparos por violaciones al derecho constitucional de gozar de un entorno sano.
A raíz de estos recursos legales, los proyectos enfrentan órdenes de demolición, al ser considerados una amenaza directa para una zona de alta anidación de tortugas marinas, especie protegida que desova en las playas de la bahía Solimán.
El caso más grave es el de Adamar Solimán, el cual fue asegurado recientemente por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La intervención ocurrió en la zona de Tankah IV, a unos 10 kilómetros al norte del centro de Tulum, donde se colocaron sellos de aseguramiento en el edificio de siete niveles, levantado de forma ilegal desde 2023.
En menos de año y medio, Profepa colocó tres sellos de clausura, sin embargo, los desarrolladores ignoraron las medidas y continuaron con la obra, lo que agravó su situación jurídica y ambiental.
La decisión de la Semarnat refuerza la postura del gobierno federal de no permitir construcciones en zonas costeras sin autorización ambiental, especialmente en áreas de alta fragilidad ecológica como la bahía Solimán, considerada hábitat prioritario para especies marinas en peligro.
