Ciudad de México.– Esta madrugada, el Senado de la República aprobó en lo general una reforma al juicio de amparo, con 76 votos a favor y 39 en contra, en un ambiente tenso y con fuertes críticas de la oposición. La medida cambia radicalmente el mecanismo legal que permite a los mexicanos defenderse contra abusos de autoridad.
Con la reforma, será más difícil suspender actos de autoridad mientras se tramita el juicio. Esto significa que si el gobierno clausura un negocio, embarga cuentas bancarias o toma decisiones consideradas injustas, los afectados deberán esperar meses mientras se resuelve el proceso judicial, sin poder frenar de inmediato el daño.
Entre 2018 y agosto de 2025, más de 3,600 amparos se presentaron contra bloqueos de cuentas de la UIF, permitiendo que se desbloquearan 27 mil millones de pesos. Expertos advierten que con la nueva normativa, esta protección inmediata prácticamente desaparece.
La reforma introduce amparos digitales y amplía de 60 a 90 días el plazo para que los jueces dicten sentencia, pero limita el concepto de “interés legítimo”, herramienta que permitió casos emblemáticos como amparos por Ayotzinapa, protección ambiental y tratamientos médicos para niños con cáncer.
La oposición ha calificado la medida como un ataque al espíritu del amparo. El senador Luis Donaldo Colosio aseguró que se trata de una traición a los derechos de los más vulnerables, mientras que el exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro advirtió que la exigencia de un “beneficio directo y actual” reducirá significativamente el acceso a la justicia para personas con menos recursos.
La reforma ahora se discutirá en lo particular. Aunque Morena tiene los votos suficientes para aprobarla, el debate sobre si representa una modernización de la justicia o un debilitamiento de la protección ciudadana apenas comienza.
