En una decisión que compromete a Quintana Roo por al menos los próximos 15 años, la XVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la reestructuración de la deuda de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que asciende a más de 279 millones de pesos.
La medida, impulsada por la gobernadora Mara Lezama y avalada en un periodo extraordinario, permitirá a la paraestatal refinanciar sus pasivos actuales antes de que finalice el año. Sin embargo, detrás del discurso de “fortalecimiento financiero”, la decisión implica una carga intergeneracional que alcanzará, como mínimo, dos administraciones estatales más.
La deuda original de CAPA fue reestructurada por 560 millones de pesos en 2015 con Banca Interacciones, y tras la fusión bancaria en 2018, el crédito quedó en manos de Banorte. Hoy, nuevamente, se abre la puerta a una reestructuración que, si bien busca liberar recursos para inversión en infraestructura hídrica, hipoteca a futuro el presupuesto estatal.
El dictamen obliga a la participación de cinco instituciones bancarias en la licitación y establece que CAPA deberá rendir informes trimestrales sobre el manejo del refinanciamiento. A pesar de ello, el Gobierno del Estado funge como aval del crédito, comprometiendo el 2% de las participaciones federales como garantía de pago.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Renán Sánchez Tajonar, aseguró que se implementaron “lineamientos estrictos” para evitar el uso indebido de los recursos, e incluso afirmó que CAPA ya no será la “caja chica” del Gobierno, como presuntamente lo fue en sexenios pasados.
Sin embargo, la opacidad en el origen de la deuda, el historial de uso político de la CAPA y el impacto financiero a largo plazo, dejan más dudas que certezas. Quintana Roo enfrenta una vez más el dilema entre resolver su presente o seguir hipotecando su futuro.
