Un nuevo episodio de endurecimiento migratorio bajo la Administración de Donald Trump ha desatado indignación entre comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y líderes religiosos en Illinois, luego de que niños inmigrantes recibieran cartas oficiales exigiendo su salida inmediata de Estados Unidos.
Las cartas, enviadas a menores que ingresaron legalmente al país en 2014 como parte del programa humanitario para “menores no acompañados”, contienen un tono 4m3n4z4nte y advierten sobre deportaciones forzadas, procesos penales y sanciones civiles si no abandonan el país de inmediato.
“Es hora de que salgas de Estados Unidos… El Gobierno federal te encontrará”, se lee en una de las misivas firmadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope en Waukegan, calificó el hecho como “una barbaridad” y una muestra de “pérdida de humanidad” por parte del Gobierno estadounidense.
“Imaginen el impacto psicológico que causa en un niño recibir una carta así. Es inaceptable”, denunció Contreras en entrevista con EFE.
De acuerdo con activistas, decenas de menores en la zona norte de Illinois han recibido estas cartas, pese a estar reunificados con familiares y en muchos casos contar con solicitudes de asilo en trámite. Sin embargo, por la forma en que ingresaron al país, no pueden ser representados legalmente por sus padres, y dependen de abogados defensores públicos, muchos de los cuales han visto reducidos sus recursos.
Este movimiento por parte del DHS es interpretado como un intento por acelerar las deportaciones y eliminar protecciones legales previamente otorgadas. El temor entre las comunidades migrantes se ha intensificado, llevando a que varios menores busquen refugio en iglesias y santuarios. En al menos un caso, un niño ha sido dejado completamente al cuidado de una iglesia, luego de que sus padres optaran por no exponerse a la deportación.
“Estos niños no son criminales, son víctimas. Y ahora están siendo aterrorizados por el mismo país que prometió protegerlos”, señaló Contreras.
El caso ha reavivado el debate sobre los derechos de los menores migrantes en EE. UU. y la ética de las políticas migratorias que los colocan en el centro de estrategias de control fronterizo.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Congreso y a la administración de Joe Biden una respuesta urgente y una revisión de los procedimientos, mientras crece el temor de que estas acciones puedan sentar un precedente peligroso para el trato de niños en procesos migratorios futuros.
