Diego Prieto Hernández, extitular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), está en la mira del colectivo ambientalista “Sélvame del Tren”, que lo señala por presuntas omisiones graves en la protección del patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya, especialmente en el tramo 5 Sur que atraviesa de Playa del Carmen a Tulum.
José Urbina Bravo, activista y fundador del movimiento, informó que solicitarán una investigación formal en contra del exfuncionario, quien recientemente dejó su cargo tras nueve años al frente del INAH.
Según Urbina, durante su gestión Prieto fue alertado sobre la posible afectación a sistemas de cuevas y cenotes que contenían indicios de vestigios arqueológicos, pero se negó a realizar una verificación exhaustiva en el sitio.
“Se registró la destrucción de al menos 125 cuerpos de agua subterráneos con potencial arqueológico. Se le pidió actuar y nunca lo hizo”, declaró.
El activista denunció además que no existe claridad sobre el destino de las piezas que sí fueron registradas durante los trabajos de rescate.
“Una gran cantidad de antropólogos y arqueólogos tienen dudas legítimas que el señor Prieto deberá responder ante la ley”, añadió.
La renuncia de Diego Prieto fue anunciada el pasado 16 de julio, en medio de crecientes críticas por su papel en los procesos de evaluación y supervisión de los sitios arqueológicos afectados por el megaproyecto. En su lugar fue nombrado Joel Omar Vázquez Herrera.
Prieto Hernández asumió la dirección del INAH durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue ratificado por Andrés Manuel López Obrador y posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su gestión, mantuvo una relación estrecha con la región sureste del país, donde se concentran algunos de los sitios arqueológicos más importantes de México.
Sin embargo, su manejo del tramo 5 del Tren Maya lo colocó en el centro de la polémica, al ser acusado de priorizar una narrativa institucional favorable al proyecto en lugar de defender el patrimonio nacional.
“Sólo se dedicó a hacer propaganda de la obra, y ese no es su papel”, concluyó Urbina Bravo.
El caso podría escalar legalmente en los próximos días si las denuncias formales se presentan ante instancias federales. Mientras tanto, la presión de colectivos ambientalistas sigue creciendo para que se esclarezca el destino de los vestigios y el grado del daño arqueológico provocado.
