La protesta silenciosa y desesperada de Ricardo Ordóñez, ciudadano originario de Coatzacoalcos, terminó en tragedia este pasado martes, al confirmarse su fallecimiento tras permanecer 38 días en huelga de hambre y encadenado a una luminaria frente al Palacio de Gobierno en Plaza Lerdo, en el corazón político de Veracruz.
Ordóñez llevaba semanas exigiendo ser atendido por la gobernadora Rocío Nahle García, para denunciar un presunto fraude inmobiliario que lo dejó en situación de vulnerabilidad, despojo y bajo amenazas de muerte. Según sus testimonios, había acudido repetidamente a la Fiscalía General del Estado sin recibir apoyo, respuesta institucional ni medidas de protección.
Durante más de un mes, su protesta fue visible para ciudadanos, medios de comunicación y autoridades. Sin embargo, no recibió atención directa por parte del gobierno estatal, lo que ha desatado una ola de indignación entre activistas, colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos.
“Lo dejaron morir frente al poder”, expresaron integrantes de colectivos que lo acompañaron durante su protesta, quienes ahora exigen justicia y una investigación urgente no solo sobre las causas de su muerte, sino sobre la responsabilidad institucional ante su abandono.
La muerte de Ordóñez se suma a una lista de casos que cuestionan el actuar del Estado frente a la protesta social y la atención a víctimas. En vida, su exigencia fue clara: ser escuchado y protegido. En su muerte, se ha convertido en un símbolo del fracaso gubernamental para responder a quienes reclaman justicia desde la desesperación.
Activistas y ciudadanos han comenzado a convocar movilizaciones en distintas partes del estado para exigir una postura pública y concreta de la gobernadora Rocío Nahle, y la intervención de organismos de derechos humanos ante lo que consideran una grave omisión institucional.
El caso de Ricardo Ordóñez no es solo una tragedia individual, sino un reflejo de la descomposición en los canales de atención y protección ciudadana en Veracruz. Su muerte, en pleno centro del poder, cuestiona la sensibilidad, eficacia y legitimidad de las autoridades ante la protesta legítima y la urgencia humana.
