El polémico software de espionaje Pegasus volvió al centro de la escena política nacional, luego de que representantes del PRI y Morena se acusaran mutuamente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por su uso durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.
Durante una sesión originalmente enfocada en la estrategia de transformación digital del INE (que incluía el análisis del voto electrónico y la CURP Biométrica) , el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, sacó a relucir un presunto soborno de 25 millones de dólares que, según declaraciones judiciales en Israel, habría sido entregado al expresidente Peña Nieto para facilitar contratos con NSO Group, la empresa creadora de Pegasus.
“Ese sistema espió a más de 15 mil mexicanas y mexicanos, incluyendo a liderazgos políticos, sociales y periodistas”, señaló Santiago.
Minutos después, Emilio Suárez Licona, representante del PRI, reviró las acusaciones y recordó que durante el gobierno de López Obrador también se documentó el uso de Pegasus, especialmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que presuntamente espió a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso al subsecretario Alejandro Encinas.
“¿Sabían o no sabían que ese mismo sistema fue utilizado bajo la actual administración?”, cuestionó Suárez Licona ante el pleno. “Contesten aquí de cara a la ciudadanía”.
El representante morenista Ernesto Prieto Gallardo volvió al tema para enfatizar que el presunto soborno a Peña Nieto está respaldado por un litigio en Israel entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Neria, quienes aseguran haber entregado el dinero a cambio de asegurar los contratos federales con NSO Group durante el sexenio priista.
Ambos bandos con verdades incómodasA pesar del tono confrontativo, los señalamientos de ambas fuerzas políticas tienen fundamentos documentales. En el caso de Peña Nieto, múltiples investigaciones y filtraciones confirman que Pegasus fue operado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la entonces PGR y el Ejército para espiar a activistas, periodistas y políticos.
En cuanto al actual gobierno, investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones como R3D y Citizen Lab han confirmado que Pegasus siguió activo bajo el control de la Sedena, pese a los compromisos del presidente López Obrador de no utilizar herramientas de espionaje contra civiles.
El debate en el INE puso sobre la mesa no solo el pasado y presente del espionaje político en México, sino también los riesgos de digitalizar procesos electorales sin garantizar la ciberseguridad y la protección de los datos ciudadanos.
La discusión evidenció una verdad incómoda para ambas partes: el poder en México ha usado el espionaje como arma política, sin distinción de partido.
