El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma profunda al marco legal en la materia que incluye la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de una nueva entidad: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión, pero ya ha generado amplio debate entre legisladores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil por sus implicaciones en materia de privacidad, libertad de expresión y control de medios.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que autoriza la geolocalización en tiempo real de todos los teléfonos móviles en el país sin necesidad de una orden judicial, lo que ha encendido alertas sobre posibles violaciones a los derechos humanos y a la protección de datos personales.
Además, la nueva legislación otorga facultades al Estado para suspender transmisiones de radio y televisión cuando se considere que violan los derechos de las audiencias, aunque no se han especificado con claridad los criterios para dicha medida.
La ley también promete ampliar el acceso a internet en zonas marginadas y fortalecer los medios de comunicación comunitarios, indígenas y afromexicanos, para los que se establecerán nuevos mecanismos de financiamiento y participación.
En medio de las discusiones, se eliminó un artículo inicialmente propuesto que contemplaba el “bloqueo temporal de plataformas digitales”, gracias a la presión de diversos sectores que lo consideraban un acto de censura inconstitucional.
La aprobación del dictamen ha provocado reacciones divididas. Mientras que legisladores oficialistas la celebran como un paso hacia la transformación digital incluyente, diversos organismos, periodistas y activistas la califican como un retroceso autoritario en materia de libertad de expresión y derechos digitales.
La Cámara de Diputados tendrá ahora la responsabilidad de analizar la minuta y definir si se avala en sus términos o se introducen cambios al polémico texto.
