Ciudad de México.— En lo que va de 2025, al menos 150 periodistas, activistas y usuarios de redes sociales han sido demandados, sancionados o amedrentados judicialmente por publicar contenidos críticos considerados “difamatorios”, según organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La nueva forma de censura no se impone con armas ni 4m3n4z4s físicas, sino con carpetas de investigación, demandas civiles y medidas cautelares. Los estados con más casos son Ciudad de México, Veracruz, Quintana Roo y Puebla, donde diversas figuras públicas, incluidos funcionarios, empresarios y políticos, han comenzado a utilizar mecanismos legales para silenciar voces incómodas.
“Estamos viendo una tendencia peligrosa: el uso del aparato judicial como instrumento para acallar la crítica pública. Esto es una forma sofisticada de censura”, advierte Arturo Herrera, director de la organización Justicia Libre MX.
Los afectados van desde periodistas consolidados hasta usuarios comunes de X (antes Twitter), TikTok y Facebook. Algunos han sido citados a declarar por presuntas “injurias”, “daño moral” o “at4qu3s a la honra”; otros han sido obligados a borrar publicaciones, pagar multas o incluso emitir disculpas públicas por comentarios o investigaciones que cuestionaban a personas con poder.
Un ejemplo reciente es el caso de una periodista en Puebla que enfrenta tres demandas civiles simultáneas tras denunciar presuntos actos de corrupción en redes sociales. En Quintana Roo, un activista ambiental fue sancionado por exhibir presuntas irregularidades en la construcción de un complejo turístico.
“La libertad de expresión no solo peligra con b4l4s, también con demandas que buscan intimidar y desgastar a los críticos”, señaló Artículo 19, organización internacional con sede en México.
La práctica ha sido calificada por diversas agrupaciones como “censura judicial” o “4c0s0 legal”, ya que utiliza los recursos del Estado para restringir el derecho a expresarse libremente.
Aunque la Constitución mexicana protege el derecho a la libertad de expresión, la ambigüedad en d3lit0s como difamación, calumnias o daño moral ha dejado abierta la puerta a interpretaciones subjetivas y uso político de la ley.
En este contexto, organizaciones defensoras de derechos digitales como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) advierten que si el patrón continúa, México podría normalizar una forma de represión silenciosa:
“Si una crítica en X puede llevarte a juicio, muchos preferirán callar. Y eso es profundamente grave en una democracia”.
Actualmente, diversas iniciativas ciudadanas y legislativas están impulsando la despenalización definitiva de delitos contra el honor y reformas para evitar el uso abusivo del sistema judicial contra la prensa y los ciudadanos.
Pero mientras eso ocurre, el mensaje es claro: hoy en México, escribir en redes sociales puede tener consecuencias legales. Y no todos tienen los recursos para defenderse.
El miedo empieza a convertirse en el nuevo algoritmo del silencio.
