Ciudad de México. – Los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron este lunes su renuncia inmediata e irrevocable, alegando una “imposibilidad jurídica” para continuar con el proceso de selección de candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio.
La dimisión, confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales, está firmada por los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortensia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo. Los integrantes señalaron que aceptaron sus cargos con el propósito de garantizar un proceso transparente y profesional, pero admitieron que la tarea resultó “inviable” tras semanas de trabajo.
El conflicto ocurre en medio de una fuerte tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, intensificada por resoluciones recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En una sesión privada, el Tribunal determinó que el Senado asuma las tareas del Comité de Evaluación y proceda con un mecanismo de insaculación (sorteo público) para seleccionar a los aspirantes.
Proceso cuestionado por su transparencia
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que el sorteo se llevará a cabo el próximo 4 de febrero y estará supervisado por notarios públicos. Sin embargo, esta medida ha generado críticas debido a la ausencia de una evaluación de idoneidad, un requisito clave establecido en la reforma constitucional.
El TEPJF justificó su decisión ante la cercanía del plazo límite del 31 de enero para entregar las listas de candidatos, afirmando que el retraso del Comité era “inadmisible” y afectaba los derechos de los aspirantes que cumplían con los requisitos iniciales.
Protección legal para los renunciantes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó medidas cautelares que protegen a los miembros del Comité de sanciones derivadas de su negativa a cumplir con las órdenes del Tribunal Electoral. Esto incluye exenciones de multas y amonestaciones.
La renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación representa un golpe a la implementación de la reforma judicial y pone en entredicho la calidad y legitimidad del proceso de selección judicial, el cual ahora depende completamente de las decisiones del Senado.
