La comunidad migrante en Estados Unidos enfrenta un nuevo dilema tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de permitir arrestos en escuelas, iglesias y hospitales, revirtiendo una política de décadas que consideraba estos lugares como “zonas sensibles”.
Carmen, una migrante mexicana residente en el área de la Bahía de San Francisco, expresó su temor al considerar si sería seguro llevar a sus nietos a la escuela. “Lo que me calma es saber que la escuela está al pendiente, pero, si no es seguro, no los enviaré”, afirmó, prefiriendo mantener el anonimato por temor a represalias migratorias.
Mientras tanto, educadores en diversas partes del país han intentado tranquilizar a los padres, destacando que las escuelas continúan siendo espacios seguros. Sin embargo, el anuncio del martes por parte del Departamento de Seguridad Nacional ha sembrado dudas. Según el comunicado oficial, las nuevas medidas buscan evitar que “criminales se escondan en escuelas e iglesias para eludir el arresto”.
En respuesta, varios distritos escolares, como los de Chicago y Nueva York, han reiterado su compromiso de proteger los derechos de los estudiantes migrantes, implementando políticas que limitan la cooperación con las autoridades migratorias. Sin embargo, en muchas otras regiones no existen garantías similares, lo que aumenta la incertidumbre.
Se estima que alrededor de 733,000 niños en edad escolar viven en Estados Unidos sin documentos, mientras que millones más son ciudadanos con padres en situación irregular. La directora Daniela Anello, de la Escuela Pública Bilingüe D.C., calificó las medidas como “horribles”, subrayando que no existe evidencia de que las escuelas sean refugios para personas buscadas.
Para familias migrantes como la de Carmen, las nuevas políticas representan un desafío diario: decidir entre garantizar la educación de sus hijos o evitar exponerse a posibles redadas. “Esto no es vida”, concluyó Carmen, reflejando la angustia compartida por miles de hogares.
