La reciente aprobación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en Quintana Roo ha encendido las alarmas entre ciudadanos, ejidatarios y empresarios, al ampliar de 11 a 25 las causas que justifican la expropiación de propiedades.
Esta nueva legislación permite al Estado intervenir terrenos y bienes inmuebles bajo argumentos como proyectos de inversión privada presentados como “beneficio colectivo”, construcción de infraestructura recreativa o deportiva, y reubicación de damnificados tras desastres naturales, entre otros.
Uno de los puntos más polémicos es que proyectos privados, como desarrollos turísticos o centros comerciales, podrían calificarse como de “utilidad pública”. Además, la posibilidad de usar terrenos ejidales o particulares para construir estadios, parques o aeropuertos ha generado temor en sectores productivos y comunidades rurales.
En cuanto a la indemnización, el gobierno promete realizar los pagos según el valor catastral de las propiedades, lo cual preocupa a muchos propietarios, ya que este monto es significativamente menor al valor comercial.
La ley también establece que no solo las autoridades estatales, sino también ayuntamientos, particulares y organizaciones sociales pueden solicitar la expropiación de terrenos, ampliando aún más su alcance y potencial impacto.
Organizaciones civiles y expertos en derecho han cuestionado la falta de claridad y límites en la aplicación de esta ley, argumentando que podría ser utilizada para beneficiar intereses privados bajo la fachada de proyectos públicos.
Mientras tanto, los ciudadanos quintanarroenses enfrentan incertidumbre y desconfianza ante una legislación que redefine el concepto de “bien común” y pone en juego la propiedad privada.
