La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en México, elevando la medida a rango constitucional como parte de la estrategia para proteger la salud pública.
Con 410 votos a favor y 24 en contra, el dictamen también incluye sanciones severas para quienes realicen actividades relacionadas con estos productos, así como con precursores químicos y dr0gas sintéticas, incluyendo el fent4nilo.
La Comisión de Puntos Constitucionales elaboró el dictamen a partir de una iniciativa presentada en febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El diputado Roberto Ramos Alor (Morena) defendió la prohibición argumentando los graves riesgos para la salud, especialmente entre jóvenes, respaldados por estudios que señalan daños pulmonares por el uso de estos dispositivos.
Por otro lado, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) criticó la reforma por equiparar los vapeadores con dr0gas altamente adictivas como el fent4nilo, calificando la medida como un “exceso” y abogando por una regulación estricta en lugar de una prohibición total.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 reporta que 2.6% de los adolescentes y 1.5% de los adultos en México han usado cigarrillos electrónicos. Esto refleja un mercado creciente que pasó de 1 millón de usuarios en 2019 a más de 2 millones en 2024, según la diputada Gloria Núñez Sánchez (MC).
Si bien algunos legisladores consideran que esta medida podría frenar problemas de salud pública y tráfico ilegal, otros advierten que las políticas prohibicionistas han demostrado ser ineficaces en el pasado.
El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tienen plazos de 180 y 365 días, respectivamente, para armonizar la legislación con esta reforma, que podría transformar el panorama sanitario y social en el país.
