El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, impuso este miércoles sanciones contra 21 altos funcionarios venezolanos acusados de intentar manipular las elecciones presidenciales del 28 de julio para garantizar la reelección de Nicolás Maduro. Entre los sancionados se encuentran ministros, altos mandos militares y figuras clave de los servicios de inteligencia del país.
El Tesoro bloqueó las propiedades de los sancionados en territorio estadounidense y prohibió transacciones financieras con ellos, continuando así su estrategia de presión económica y política contra el régimen de Maduro.
Entre los nombres destacados en la lista se encuentran:
Aníbal Coronado, ministro de Despacho de la Presidencia.
Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación.
Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo de Diosdado Cabello.
Javier Marcana Tabata, jefe de la DGCIM y la Guardia de Honor Presidencial.
Las sanciones llegan días después de que el gobierno de Joe Biden reconociera a Edmundo González Urrutia como el “presidente electo” de Venezuela, basándose en pruebas presentadas por la oposición que demuestran supuestas irregularidades durante los comicios.
González Urrutia, actualmente exiliado en España, ha anunciado su intención de regresar a Caracas el 10 de enero para asumir el cargo, a pesar del riesgo de detención. En contraste, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como vencedor sin publicar resultados desagregados, lo que ha generado dudas en la comunidad internacional.
Un alto funcionario estadounidense afirmó:
“Nicolás Maduro y su círculo nunca antes habían estado tan aislados. Estas sanciones buscan aumentar la presión internacional y apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela.”
Hasta la fecha, el gobierno estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y más de 100 entidades por lo que consideran acciones antidemocráticas.
