Buenos Aires, Argentina (AP). El mayor tribunal penal de Argentina ratificó este miércoles la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo histórico que aviva la polarización en el país. La condena, originalmente impuesta en 2022, acusa a Fernández de defraudación al Estado mediante la asignación irregular de contratos de obras públicas a Lázaro Báez, empresario cercano a la exmandataria durante su gobierno (2007-2015).
La exvicepresidenta (2019-2023), referente del kirchnerismo y líder del peronismo, considera esta condena como una persecución política y judicial impulsada por sus adversarios. Fernández ha anunciado que apelará el fallo ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse durante años, permitiéndole mantener su libertad y aspirar a cargos públicos en las próximas elecciones.
La confirmación de la condena fue emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en una audiencia donde ni Fernández ni los otros implicados estuvieron presentes. Fuera de los tribunales, seguidores de la exmandataria se congregaron para protestar contra lo que consideran un acto de “lawfare” o persecución judicial destinada a debilitar a figuras políticas relevantes.
Además de Fernández, varios exfuncionarios y el empresario Báez también enfrentan penas de prisión. Este fallo refuerza la controversia sobre el sistema judicial y su influencia en la política argentina, marcando un momento clave en la carrera de la dirigente más influyente de las últimas dos décadas en el país.
