Migrantes en la frontera sur de México expresan su preocupación ante el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Temen que las nuevas restricciones y políticas migratorias resulten en un estancamiento en Chiapas, una de las zonas más inseguras del país, donde el 92 % de los habitantes perciben inseguridad debido a la presencia del crimen organizado, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Pablo Carrera, un migrante ecuatoriano en Tapachula, manifestó su deseo de tener libre tránsito hacia la frontera norte: “Salimos de nuestro país con esa meta, pero hay mucha denigración con los migrantes”.
En respuesta a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió una estrategia humanitaria y de desarrollo en la frontera sur para brindar oportunidades de empleo e infraestructura industrial, además de garantizar la seguridad de los migrantes durante su estancia. Sin embargo, la reciente militarización en la región, que en octubre resultó en la muerte de seis migrantes en Chiapas, ha aumentado la tensión entre los migrantes y las autoridades.
Por su parte, la nueva titular de la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello, afirmó que trabajarán para desarrollar la región y ofrecer un trato digno a los migrantes.
Organizaciones de derechos humanos, como la representada por el activista Rafael Alegría López, han instado al gobierno mexicano a implementar medidas que protejan los derechos de los migrantes y promuevan oportunidades de integración. “Es fundamental ofrecer una plataforma que no solo brinde seguridad, sino también oportunidades de vida en México”, señaló Alegría López.
La situación migratoria en México continúa siendo un desafío, y las autoridades buscan un balance entre el control migratorio y el respeto a los derechos humanos.
