Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la Presidencia, dijo que su teléfono también fue filtrado y que ha recibido decenas de mensajes.
Sin embargo, dijo que no lo cambiará e incluso lo difundió en sus redes sociales.
Gálvez dijo que ha recibido ofensas que hablan de su peso y de sus dientes.
Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos no se preocupen.
La supuesta filtración se suma a la divulgación de teléfonos que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar el número de la corresponsal de The New York Times en México.
Uno de los hijos del presidente, José Ramón López Beltrán, dijo que su teléfono se divulgó, lo que provocó que recibiera mensajes no deseados.
El INAI asegura que ‘tiene las puertas abiertas’ para recibir denuncias por filtración de datos personales
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló este sábado que realiza sus funciones “sin importar de quien se trate” y que tiene “las puertas abiertas” para atender las denuncias de cualquier ciudadano o ciudadana.
En un breve comunicado, aseguró que es el órgano constitucionalmente autónomo que garantiza el derecho de protección de datos personales tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que” tutela y defiende este derecho humano para todas las personas, sin importar de quien se trate”.
Lo anterior, luego de que en redes sociales se difundieron los números telefónicos de funcionarios del gobierno federal, dirigentes morenistas, periodistas afines a la llamada Cuarta Transformación y del hijo del presidente,José Ramón López Beltrán.
Además, en el contexto de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en los días recientes, quien defendió haber dado a conocer el teléfono celular de la corresponsal en México del diario estadounidense The New York Times (NYT), Natalie Kitroeff.
El INAI señaló que “puede iniciar investigaciones para determinar posibles incumplimientos a principios, deberes y derechos previstos en la legislación en materia de datos personales, de oficio o a petición de parte”.
Detalló que actúa de oficio “cuando se identifica a la persona, empresa o institución responsable del indebido tratamiento”.
Sin embargo, “en los demás casos, en los que solo se cuenta con indicios, esperamos las denuncias a petición de parte”.
“El INAI es de todas las personas y tenemos las puertas abiertas para atender las denuncias e iniciar procedimientos ante cualquier señalamiento de algún ciudadano que se sienta afectado en la materia de sus datos personales”, concluyó.
En su cuenta de X (antes Twitter), el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, condenó “la filtración o vulneración de la información privada de cualquier persona” y adelantó que ejercerá sus facultades para proteger este derecho.
El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la periodista del NYT, Natalie Kitroeff, a cambiar de teléfono tras haber difundido su número el jueves en su conferencia matutina de Palacio Nacional.
“(…) No importa lo que diga la ley de protección de datos personales, pero un principio sublime es la libertad. Todo mundo tiene el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos que lo presenten así, ¿y mi derecho?, ¿Tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos? Es muy ofensivo, mucho, muy ofensivo”, dijo el presidente.
Al respecto, el presidente del INAI, Adrián Alcalá aseguró en Aristegui en Vivo que nadie está por encima de la ley y advirtió que es responsabilidad del organismo garantizar el cumplimiento en materia de protección de datos personales.
La ley establece que los datos personales no pueden ser divulgados sin el consentimiento expreso del titular, a menos que existan causas extraordinarias previstas en la ley, como cuestiones de seguridad pública o de salud.
En este caso particular, el INAIdeterminará si se cometieron violaciones a los principios y deberesestablecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Alcalá destacó que las sanciones administrativas por violaciones a la ley pueden incluir desde amonestaciones privadas o públicas hasta multas económicas e inhabilitaciones,dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas sanciones, una vez determinada la violación por el INAI, son responsabilidad del órgano interno de control.
En cuanto a los plazos de la investigación, explicó que la ley establece un periodo de 50 días para iniciar la investigación y otros 50 días para la verificación de posibles violaciones.
