El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció medidas adicionales para respaldar financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a sus desafíos económicos.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, así como en enero del 2024, Pemex ha sido eximido del pago del derecho de utilidad compartida (DUC) sobre sus ingresos brutos por la venta de crudo y gas, así como del derecho de extracción de hidrocarburos. Este estímulo fiscal equivale al 100% de lo que la empresa debe pagar por DUC, lo que representa un alivio financiero significativo en medio de sus dificultades.
La condonación de la participación en las ganancias asciende a 4,100 millones de dólares, lo que refleja la magnitud del apoyo gubernamental hacia la empresa estatal.
Estas medidas se producen en un momento crucial para Pemex, ya que la agencia crediticia Moody’s rebajó recientemente su calificación a B3 desde B1, indicando una deteriorada calidad crediticia y situándola en el límite de lo que se considera “especulación de alto riesgo”.
Este cambio refleja las crecientes necesidades de liquidez, el aumento del costo del capital y los vencimientos de deuda a corto plazo que enfrenta la petrolera.
Moody’s advirtió sobre los riesgos adicionales que enfrentará Pemex al expandir su capacidad de refinación y al intentar aumentar su producción, subrayando los desafíos operativos que la empresa ha enfrentado bajo la administración actual.
A pesar de los esfuerzos por reducir la pesada deuda y mejorar las metas operativas, Pemex continúa enfrentando un escrutinio constante por parte de las principales agencias calificadoras de crédito, destacando la necesidad de abordar sus desafíos estructurales de manera integral.
El apoyo renovado del gobierno mexicano a Pemex busca estabilizar la situación financiera de la empresa y mantener su contribución al sector energético del país, aunque plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de su modelo operativo y financiero.
