La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este miércoles que no existe un dato oficial por parte de la Secretaría de Hacienda sobre el impacto económico del denominado “huachicol fiscal”, aunque aseguró que para finales de este mes el gobierno federal contará con una base de datos completa que permitirá determinar si aún existe contrabando de combustibles en el país y cuál es su magnitud.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la estimación de un daño al erario por 600 mil millones de pesos, mencionada por la procuradora fiscal Grisel Galeano, fue tomada de declaraciones de un diputado, y no corresponde a un análisis técnico confirmado por el gobierno federal.
“No podríamos decir que en estas fechas se estima que hubo tanto y a la fecha cuánto se estima que hay. Tenemos que cuadrar toda la información”, precisó la mandataria.
En el mismo sentido, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que el saldo histórico de querellas por delitos fiscales relacionados con combustibles asciende a 16 mil millones de pesos, una cifra considerable pero muy por debajo de las estimaciones no oficiales que circulan en algunos sectores.
Sheinbaum explicó que se avanza en la trazabilidad de los combustibles para verificar los ingresos en aduanas y controlar el contenido real de los buques, especialmente después del aseguramiento reciente de un cargamento en Tamaulipas. A través de la revisión de pedimentos y análisis en laboratorio, se busca evitar el ingreso ilegal de combustibles que no son debidamente declarados.
Reforma al juicio de amparo no busca retroactividad, asegura Sheinbaum
En otro tema abordado durante “la mañanera del pueblo”, la presidenta defendió la iniciativa para reformar la Ley de Amparo, argumentando que el objetivo es agilizar los procesos judiciales, sin eliminar la figura como herramienta de protección ciudadana.
Ante las críticas sobre la posible aplicación retroactiva de la reforma, derivadas de un artículo transitorio impulsado por el Senado, Sheinbaum subrayó que el Poder Legislativo actúa con autonomía, pero aceptó que la redacción original daba lugar a “mala interpretación”. Aclaró que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios en curso se aplicará la ley vigente en la etapa en la que se encuentren, mientras que en las etapas sucesivas, se aplicaría la nueva legislación.
Finalmente, destacó que uno de los objetivos centrales de la reforma es evitar abusos en el uso de suspensiones judiciales, citando casos en que personas acusadas de lavado de dinero logran descongelar cuentas bancarias mediante amparos, para posteriormente vaciarlas.
