La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, confirmó que al menos tres notarías en Quintana Roo están bajo proceso penal por su presunta implicación en fraudes inmobiliarios, lo que podría derivar en la revocación definitiva de sus licencias.
Torres Gómez detalló que los involucrados ya fueron notificados por la Dirección de Notarías y que la sanción dependerá de una sentencia firme. “En temas penales son tres y en administrativos son varias” las oficinas bajo investigación, señaló la funcionaria, quien se reservó las identidades de los notarios señalados.
Este anuncio se da tras la detención de Ernesto y Cristopher Mahanaim por parte de la Fiscalía General del Estado, acusados de defraudar a 22 personas mediante operaciones que simulaban legalidad. Las denuncias refieren que las víctimas eran citadas en notarías para firmar contratos de servicios y derechos litigiosos, documentos que aparentaban respaldo jurídico para avalar inversiones fraudulentas.
Ante este panorama, la secretaria exhortó a los ciudadanos a verificar en el Registro Público de la Propiedad la situación legal de cualquier inmueble y a consultar dependencias como Desarrollo Urbano y Sedetus antes de concretar cualquier transacción.
Torres Gómez recordó que en la Mesa de Certeza Inmobiliaria, integrada con el sector empresarial, se ha insistido en regular incluso las preventas de vivienda. También advirtió sobre el riesgo de adquirir terrenos sin permisos de desarrollo o sin servicios básicos, requisitos indispensables según la normatividad estatal.
Respecto a las invasiones de predios, la funcionaria fue enfática al señalar que quienes ocupan terrenos de manera ilegal no tienen derecho a exigir servicios públicos y advirtió que dicha práctica constituye un delito. “Mientras algunos ciudadanos son víctimas de engaños, otros participan de forma recurrente en tomas de tierra”, subrayó.
Finalmente, advirtió que la ocupación ilegal frena la inversión y afecta a familias que buscan un patrimonio seguro, por lo que invitó a la población a recurrir a los programas de vivienda impulsados por el gobierno, diseñados para ofrecer alternativas legales y asequibles para la adquisición de un hogar.
