La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la clausura total y definitiva de la empresa Pecuaria Peninsular, en Yucatán, tras comprobar el incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas relacionadas con el manejo ambiental.
Entre las irregularidades más graves se documentó la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de lodos, prácticas que representaban un riesgo severo para los acuíferos y el subsuelo de la región.
De acuerdo con la Profepa, a partir de la clausura, la empresa estará obligada a realizar un estudio de daño ambiental, así como a cumplir con el proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio, con el fin de reparar las afectaciones ocasionadas.
El caso se enmarca en la lucha que comunidades mayas y organizaciones civiles sostienen desde 2021 contra las granjas porcícolas que operan en Yucatán sin respetar las normas ambientales. En este periodo, la Profepa ha efectuado inspecciones en municipios como Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá, detectando múltiples irregularidades.
“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Hoy trabajamos con ellos para lograr esta clausura definitiva”, declaró la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La clausura de la Pecuaria Peninsular representa un precedente clave en la defensa del medio ambiente en Yucatán, donde la presión social y la movilización comunitaria han sido decisivas para visibilizar los daños ecológicos que ocasionan este tipo de industrias.
