El Congreso de Campeche, con mayoría de Morena, aprobó una reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, impulsada por la gobernadora Layda Sansores, que ha generado críticas por limitar derechos ciudadanos y fortalecer el poder del Estado sobre la propiedad privada.
La iniciativa actualiza una norma vigente desde 1981, con el argumento de armonizar la legislación estatal con la federal y facilitar el desarrollo urbano e infraestructura, especialmente en zonas con escasez de reservas territoriales.
Entre los principales cambios destacan:Declaratoria de utilidad pública: Emitida por la Secretaría de Gobierno y publicada en el Periódico Oficial; si el propietario no responde en 5 días hábiles, la expropiación procede.
Expropiación y ejecución inmediata: El Estado puede tomar posesión del inmueble y comenzar obras antes de indemnizar al propietario.
Indemnización diferida: El pago al propietario puede tardar hasta 10 años, con avalúos realizados por la Secretaría de Finanzas, lo que ha generado críticas por posibles conflictos de interés.
Limitaciones legales: Aunque se permite juicio de amparo, no existen recursos administrativos intermedios para impugnar la declaratoria o el decreto expropiatorio, debilitando la defensa ciudadana.
La reforma fue bautizada como “Ley Alito”, en alusión al líder del PRI, Alito Moreno, acusado de presuntas propiedades irregulares. El senador aseguró que todos sus bienes están acreditados y calificó la ley como una persecución política y amenaza a la propiedad privada.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Moreno denunció que la norma representa un atropello y un abuso de poder, advirtiendo que lo ocurrido en Campeche podría replicarse en otras entidades:
“Es grotesco, un atropello, algo abiertamente velado para amenazar a las ciudadanas y ciudadanos… comenzaron en Campeche, pero seguramente lo harán en el resto del país”, afirmó.
La aprobación de esta reforma abre un debate nacional sobre derechos de propiedad, límites del Estado y la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a expropiaciones.
