Los conflictos en torno al Parque Nacional de Tulum recrudecen. Turistas, habitantes y empresarios denunciaron que persisten los abusos y cobros excesivos por parte de personal de la CONANP y del Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM), organismo dependiente de la SEDENA, pese a los acuerdos verbales alcanzados a inicios de semana.
Visitantes nacionales y extranjeros acusaron que, incluso ingresando caminando a playas públicas, se les impide el acceso a servicios básicos y a establecimientos privados (como baños, carritos de golf o restaurantes) si no portan dos brazaletes obligatorios, uno de la CONANP y otro del Parque del Jaguar.
Un mensaje difundido en grupos de WhatsApp, presuntamente firmado por José Juan Domínguez Calderón, director de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano de la CONANP, confirmó que cualquier persona que desee realizar actividades turísticas, desde rentar una bicicleta hasta visitar un club de playa o la zona arqueológica, deberá pagar dichos brazaletes.
Los inconformes señalan que estas medidas son parte de una estrategia de recaudación impuesta por la Federación, con la que se busca recuperar la inversión realizada en el Parque Nacional, pero que estaría afectando gravemente la economía de empresarios locales y la experiencia de los turistas.
Además, recordaron que las playas públicas son limpiadas con recursos del Ayuntamiento de Tulum, y que en emergencias son la Dirección de Protección Civil y Bomberos quienes intervienen, mientras que (denuncian) los ingresos por cobros ilegales van a parar a manos de militares y funcionarios señalados por corrupción.
La inconformidad crece y los habitantes advierten que, de no intervenir la gobernadora Mara Lezama, podrían retomar las protestas y abrir el libre acceso a los turistas, como ocurría antes de la imposición de los nuevos cobros.
Empresarios y ciudadanos coinciden: “La Federación está matando al destino turístico más importante del Caribe mexicano”.
