La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró desconocer el juicio ciudadano que ordena la demolición del complejo Adhamar en Tulum, aunque activistas ambientales desmienten esa versión y acusan a la dependencia de evadir responsabilidades.
En respuesta a una solicitud de información, Profepa argumentó que “no fue llamada a ese juicio” y que la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo “aún no es firme”, por lo que planea impugnarla. El fallo obliga a la institución a verificar la demolición del condominio y garantizar la restauración del área afectada.
Sin embargo, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) contradijo a la dependencia y afirmó que Profepa sí estuvo enterada del proceso, incluso alegando en diligencias judiciales que requería autorización de impacto ambiental para llevar a cabo la demolición.
“Es imposible que no sepan, porque esa autoridad fue la denunciada y contestó debidamente en el juicio. Alegaron que estaban vigilando, pero la sentencia acreditó que no hubo inspección ni vigilancia adecuada”, señaló la abogada Irma Morales Cruz, integrante de DMAS.
La resolución judicial concluye que Profepa debe actuar de manera activa y oficiosa para restaurar el ecosistema impactado en Tulum, asegurar la demolición del condominio y aplicar sanciones económicas, además de dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República.
La disputa entre Profepa y los activistas refleja la tensión en torno al cumplimiento de resoluciones judiciales y la presión social por frenar proyectos inmobiliarios que afectan los ecosistemas de la Riviera Maya.
