La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que la infraestructura del Parque del Jaguar en Tulum fue levantada sin contar con la autorización ambiental correspondiente, la cual fue otorgada apenas el pasado 30 de julio de 2025, casi un año después de concluidas las obras.
De acuerdo con la Gaceta Ecológica de la Semarnat, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició los trabajos en agosto de 2022 amparada en el “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitió la emisión de permisos provisionales bajo el argumento de interés público y seguridad nacional. Sin embargo, las obras se entregaron en septiembre de 2024, mucho antes de que la autorización ambiental definitiva fuera emitida.
La autorización extemporánea incluye instalaciones como pórticos de acceso, ciclovías, miradores, bardas perimetrales, módulos de atención, sanitarios y senderos interiores. No obstante, la resolución condiciona a la Sedatu a obtener el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, un trámite que aún no ha sido cumplido.
Otro punto relevante es que la Semarnat sólo autorizó la operación y mantenimiento de la infraestructura por 40 años, en lugar de los 99 solicitados, y estableció la obligación de cumplir con medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.
El proyecto, cuya inversión inicial se estimaba en mil 600 millones de pesos, terminó costando más de 2 mil 700 millones, según reportes oficiales.
La confirmación llega en un contexto de creciente inconformidad social: residentes y turistas nacionales y extranjeros han denunciado las tarifas “arbitrarias” impuestas por el consorcio Grupo Mundo Maya-GAFSACOMM, que encarecen el acceso tanto al Parque del Jaguar como a la zona arqueológica y a las playas del Parque Nacional Tulum. A partir de agosto, la entrada quedó condicionada a un paquete único que oscila entre 255 y 600 pesos.
Con este escenario, la resolución de la Semarnat aviva la polémica sobre la legalidad y el manejo del Parque del Jaguar, un megaproyecto que se levantó bajo el amparo del “decretazo” presidencial y que hoy se enfrenta a críticas tanto por sus costos sociales como por el impacto ambiental que generó en un Área Natural Protegida.
