El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) garantizar la demolición total del desarrollo inmobiliario “Adamar”, ubicado en Bahía Solimán, con el fin de restaurar el ecosistema a su estado original.
La sentencia se deriva de un amparo interpuesto por un ciudadano de Tulum y establece que la Profepa incurrió en omisión al no dar seguimiento a la clausura del proyecto ni verificar las acciones subsecuentes, pese a que la obra ya había sido detenida en 2024.
De acuerdo con Mónica Huerta, integrante de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano, el fallo sienta un precedente relevante para que cualquier ciudadano pueda exigir que las autoridades ambientales cumplan con su obligación de proteger el patrimonio natural.
El proyecto, impulsado por la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V., fue clausurado tras detectarse que se construía de manera clandestina. Sin embargo, los trabajos continuaron y hoy el edificio cuenta con siete niveles, en una superficie de 731 metros cuadrados, sin respetar las medidas impuestas.
La compañía tampoco acató el resolutivo para restaurar la zona ni pagó las dos multas aplicadas por un monto total de 1.4 millones de pesos. Pese a ello, la Profepa delegó a la propia empresa la responsabilidad de cumplir con la clausura, lo que el juez calificó como una omisión grave.
Con la nueva resolución, la Profepa deberá cobrar las sanciones pendientes, verificar la demolición total de la obra y garantizar la rehabilitación del área afectada. Además, deberá dar seguimiento como coadyuvante en una denuncia penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía.
La activista Huerta destacó que la sentencia confirma que el derecho constitucional a un medio ambiente sano obliga a las autoridades a actuar con eficacia e inmediatez frente a daños graves o irreversibles, sin escudarse en trámites burocráticos ni en la falta de acción de los infractores.
Aunque la Profepa aún puede presentar un recurso de revisión en los próximos diez días, la empresa constructora ya fue notificada y no se presentó para defenderse.
“Este fallo demuestra que sí se puede exigir que las instituciones actúen. Es un precedente clave para la defensa ambiental en Quintana Roo”, concluyó la activista.
