La inconformidad crece en la comunidad de Chemuyil, donde decenas de familias denunciaron haber sido excluidas del programa de vivienda “Casas de Bienestar”, impulsado por los gobiernos federal y estatal. Aseguran que, pese a vivir en condiciones de hacinamiento y sin un patrimonio propio, no fueron considerados en la asignación de las nuevas casas.
En una manifestación pacífica, los vecinos expusieron que muchas familias continúan rentando o compartiendo techo con otros hogares, lo que limita sus posibilidades de un desarrollo digno. “Mi hijo nació aquí, ya creció, va a tener un hijo… y no es justo que no tenga una casa digna”, expresó uno de los manifestantes.
La indignación se intensificó con la reciente construcción de viviendas del programa Bienestar a escasos metros de Chemuyil, sin que ninguna familia de la comunidad resultara beneficiada. “Ahora tenemos en nuestras espaldas las casas de Bienestar y resulta que Chemuyil queda fuera. Eso no es posible”, reclamaron.
Los habitantes recordaron, además, que en ocasiones anteriores fueron desplazados y, según relataron, incluso estafados durante trámites fallidos en los que llegaron a pagar hasta 4,500 pesos, sin recibir soluciones.
También denunciaron malos tratos de parte del personal encargado de recopilar documentación en Tulum, a quienes acusaron de actuar con prepotencia e insensibilidad frente a la situación de las familias más necesitadas.
Con pancartas y acompañados de sus hijos, los manifestantes hicieron un llamado directo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama, para que se atienda su derecho a una vivienda digna. “No pedimos lujo, pedimos justicia. Si ustedes como políticos nos pidieron el voto y se los dimos, ¿quién nos va a atender si ustedes no lo hacen?”, cuestionaron.
Los vecinos advirtieron que no permitirán más marginación ni promesas incumplidas. “Chemuyil siempre ha agachado la cabeza, pero esta vez no. Estamos unidos”, enfatizaron, reiterando su exigencia de una respuesta inmediata.
Con documentos en mano y un frente común, los pobladores buscan que su voz no sea ignorada y que las autoridades reconozcan un problema que, aseguran, arrastra décadas de abandono.
