Quintana Roo. — La tala y desmonte ilegal continúan causando graves daños en las selvas de Quintana Roo. En recientes operativos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó la devastación de 1,463 hectáreas en los municipios de Bacalar y José María Morelos, lo que derivó en la clausura de tres predios y la presentación de dos denuncias penales.
Estos resultados forman parte de la estrategia implementada por la recién instalada Mesa de Combate a la Tala Ilegal y la Deforestación, un órgano que sesionará quincenalmente para diseñar acciones conjuntas entre Profepa, autoridades estatales y federales.
La Profepa destacó que la magnitud del daño exige medidas urgentes para frenar la pérdida de biodiversidad y proteger los recursos naturales, ante la expansión de actividades no autorizadas que amenazan el equilibrio ecológico y el patrimonio ambiental de la región.
Con esta mesa se busca fortalecer la vigilancia en zonas críticas y unir capacidades técnicas, legales y operativas para combatir una problemática que ha escalado en el sur de Quintana Roo en los últimos años.
