El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha encendido el debate nacional con una polémica iniciativa que busca sancionar penalmente a las mujeres que atribuyan falsamente la paternidad de un menor con fines económicos. La propuesta, encabezada por el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, plantea modificar el Código Penal Federal para tipificar esta conducta como delito.
De acuerdo con la propuesta legislativa, se pretende añadir el artículo 390 Ter al Código Penal, estableciendo penas de uno a cinco años de prisión, multas de entre 100 y 1,000 días de salario mínimo (equivalentes a 27 mil 880 hasta 278 mil 800 pesos) , y la obligación de reparar el daño causado, incluyendo el reembolso de pensiones alimenticias pagadas por el hombre afectado.
Se contemplan dos escenarios específicos:
El registro o intento de registro de un menor atribuyendo falsamente la paternidad a un hombre que no es el padre biológico.
El uso del menor para ocultar, adquirir o transferir bienes o ingresos económicos en perjuicio de otro.
Núñez Aguilar argumenta que este tipo de engaños constituyen una forma de fraude y abuso emocional, citando estudios internacionales que indican que 1 de cada 50 hombres ha criado a un hijo que no es biológicamente suyo sin saberlo. Según el legislador, el objetivo no es criminalizar a la maternidad, sino equilibrar las responsabilidades legales y proteger también los derechos de los hombres que son víctimas de estas prácticas.
Desde su presentación, la iniciativa ha generado una división de opiniones en redes sociales y círculos legislativos. Mientras algunos aplauden el proyecto como una medida necesaria para proteger el patrimonio y la dignidad de los hombres, otros advierten sobre los riesgos de criminalizar dinámicas familiares complejas, especialmente en un sistema judicial donde aún prevalecen desigualdades de género.
Críticos de la propuesta alertan que podría abrir la puerta a persecuciones legales injustas, castigos desproporcionados y afectaciones directas a la infancia en disputas de paternidad. También se cuestiona si el ámbito penal es el espacio adecuado para resolver este tipo de controversias, que a menudo tienen raíces emocionales, sociales y estructurales.
La iniciativa aún deberá ser discutida en comisiones antes de avanzar al Pleno, pero sin duda ya ha abierto una discusión nacional sobre justicia, género, paternidad y derechos humanos en México.
