Luego de que más de un centenar de campesinos de X-Hazil Sur, Uh-May y Chancahveracruz se vieran impedidos de acceder a sus parcelas por un cierre implementado por personal vinculado a la SEDENA como medida contra el robo de cobre en el Tren Maya, autoridades ejidales informaron que se ha habilitado una solución temporal para garantizar el paso.
De acuerdo con Victoriano Yeh, comisariado ejidal de X-Hazil Sur, el cierre fue instalado sin previo aviso por supervisores del proyecto, lo que causó sorpresa e inconformidad entre los productores rurales. “La gente no sabía de la medida, por eso se alarmaron”, señaló.
La medida fue tomada tras diversos incidentes de robo de cobre en tramos ferroviarios, siendo Limones uno de los puntos más afectados, donde se registró el robo de al menos 200 kilos de cobre y la detención de tres personas. “Desde Tulum hasta Chetumal hay vigilancia estricta por ese motivo”, agregó el comisariado.
Actualmente, se colocó un portón móvil hecho con polines, el cual puede ser retirado y vuelto a colocar, lo que permite a los ejidatarios acceder a sus tierras. “No hay problema para que los campesinos crucen, pueden mover la madera y volverla a cerrar”, explicó Yeh.
Sin embargo, algunos productores han manifestado su inconformidad por las restricciones impuestas en su propio territorio, y recordaron que existe un acuerdo firmado con Fonatur antes del inicio de las obras del Tren Maya. Dicho convenio establece que el proyecto ferroviario debía garantizar el paso libre mediante la construcción de una carretera a cada lado de las vías, para no perjudicar la movilidad ni el trabajo agrícola en la zona.
El comisariado ejidal pidió calma y aseguró que la restricción es temporal, y que se espera que el paso quede completamente libre en el mes de diciembre, cuando concluyan los trabajos y supervisiones en la vía.
“No queremos confrontación, solo que se respeten los acuerdos y se garantice que el desarrollo del tren no detenga el trabajo de nuestros pueblos”, expresaron campesinos afectados.
El llamado de las comunidades es claro: respeto a sus derechos ejidales y cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades durante el desarrollo del megaproyecto.
