Quintana Roo, México.— Tras años de denuncias por deforestación y daños ambientales en la Península de Yucatán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que se encuentra en proceso de interponer siete denuncias penales contra comunidades menonitas asentadas en la región, por realizar cambios de uso de suelo sin autorización en vastas zonas de selva.
Las denuncias, presentadas en colaboración con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales (FEIDA) de la Fiscalía General de la República (FGR), acusan a los responsables de incurrir en delitos ambientales contemplados en el artículo 418 del Código Penal Federal, por devastar selva para convertirla en tierras de cultivo sin contar con los permisos correspondientes.
Hasta el momento, dos denuncias ya fueron interpuestas formalmente desde el 1 de julio, por actividades ilegales en los municipios de Calakmul, en Campeche, y Tekax, en Yucatán. Las autoridades ambientales preparan cinco acciones penales adicionales por desmontes detectados y clausurados en otras zonas, incluyendo Othón P. Blanco y José María Morelos, en Quintana Roo.
La Profepa informó que las siete denuncias están sólidamente fundamentadas, tras detectar cambios ilegales de uso de suelo en más de 2 mil 608 hectáreas de selva, que fueron intervenidas durante operativos realizados en junio pasado.
En total, se ejecutaron seis operativos especiales: dos en Calakmul y Hopelchén (Campeche), dos en Tekax (Yucatán) y dos más en José María Morelos y Othón P. Blanco (Quintana Roo). Como resultado, fueron clausurados siete predios: dos en Campeche, dos en Yucatán y tres en Quintana Roo. La superficie afectada se estima en 702 hectáreas en Campeche, 606 en Yucatán y más de mil 300 en Quintana Roo.
Óscar Rébora, secretario de Medio Ambiente en Quintana Roo, señaló que también se preparan acciones adicionales para frenar la expansión de las comunidades menonitas en Bacalar, donde podrían proceder desalojos y trabajos de restauración ambiental.
“Nos encontramos trabajando con la Profepa en más denuncias, y se está buscando una estrategia para desalojarlos y recuperar los predios devastados. Expertos nos han informado que los pesticidas utilizados son altamente agresivos para la tierra, por lo que se analizará qué tanto se puede restaurar y qué tanto no”, detalló el funcionario.
La mesa de atención interinstitucional instalada desde la pasada administración federal ha comenzado a dar resultados, con sellos de clausura ya colocados en varios terrenos intervenidos ilegalmente.
Las comunidades menonitas, que se han extendido en las últimas décadas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, enfrentan así una creciente presión por su impacto ambiental. Las autoridades aseguran que los procesos legales seguirán su curso y buscan establecer precedentes en la protección de las selvas del sureste mexicano.
