Productores de piña de la comunidad Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Bacalar, rechazaron recibir el centro de acopio que el Gobierno del Estado de Quintana Roo construyó en esa localidad, tras denunciar múltiples deficiencias en su edificación y una inversión que no corresponde con la calidad de la obra.
El pasado martes por la mañana, funcionarios estatales acudieron al sitio para hacer entrega formal del inmueble. Sin embargo, fueron recibidos por decenas de productores inconformes —parte de los más de 400 agricultores beneficiarios— quienes se negaron a firmar la recepción, incluso ante la presencia de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado.
La productora Ruth Flores, quien compartió la situación a través de redes sociales, afirmó que el proyecto no justifica los más de 9 millones de pesos invertidos, debido a fallas estructurales como cimentación deficiente, un techo de lámina con mal montaje, que convierte el espacio en un “horno”, y una rampa que, según dijeron, representa un riesgo en lugar de una solución operativa.
Además, los productores denunciaron la falta de transparencia, señalando que nunca se les proporcionaron planos ni el catálogo de conceptos al comité de obra, que tampoco fue consultado ni informado sobre el nombre del contratista responsable.
A estos señalamientos se suma que el centro de acopio presenta un sello de suspensión emitido por el Ayuntamiento de Bacalar, por violaciones al Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción Municipal. De acuerdo con la Dirección de Obra Pública municipal, los responsables omitieron el trámite de licencia de construcción y no respondieron a la notificación de inspección correspondiente.
La obra fue financiada con recursos del Instituto de Economía Social y Solidaria, adscrito a la Secretaría de Bienestar del estado, como parte de un plan que contempla cinco centros de acopio en distintos municipios: dos para limón y hortalizas en José María Morelos, dos para pitahaya en Felipe Carrillo Puerto y este de piña en Bacalar, con el objetivo de beneficiar a más de 2 mil productores, mitad hombres y mitad mujeres.
En su pronunciamiento, Ruth Flores hizo un llamado urgente a la gobernadora Mara Lezama Espinosa para que intervenga personalmente en el caso.
“De verdad es una pena que nos quieran dar gato por liebre por más de 9 millones”, expresó.
Los productores exigen una revisión profunda del proyecto, la corrección de las irregularidades y la garantía de que la obra sea funcional, segura y verdaderamente útil para la actividad productiva de la región.
