Península de Yucatán.- Una nueva alerta ambiental sacude a la región: más de 2,600 hectáreas de selva fueron arrasadas en apenas dos semanas por asentamientos menonitas ubicados en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, según confirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Entre el 28 de mayo y el 14 de junio, personal de Profepa realizó operativos intensivos en predios forestales donde se detectaron graves afectaciones por remoción de vegetación y cambio de uso de suelo sin autorización. Como resultado, fueron clausurados siete predios, ubicados en municipios donde se expande la actividad agrícola menonita.
> “La transformación ilegal de selvas en monocultivos representa una amenaza directa a la biodiversidad, al equilibrio climático y a las comunidades que dependen de estos ecosistemas”, alertó la dependencia federal.
Clausuras y decomisos
Los operativos derivaron en:
Clausura de 7 predios:
3 en Quintana Roo (José María Morelos y Othón P. Blanco)
2 en Campeche (Hopelchén y Calakmul)
2 en Yucatán (Tekax)
Superficie afectada: más de 2,608.9 hectáreas de selva
Bienes asegurados:
108.5 m³ de madera (en rollo y escuadría)
3 torres agrícolas
1 rastra con 36 discos
1 cosechadora
3 tractores agrícolas
Las inspecciones confirman que todos los predios intervenidos se ubican en zonas con fuerte presencia menonita, comunidades conocidas por su modelo de expansión agrícola intensiva, que ha generado conflictos ambientales y sociales en distintas regiones del país.
Expertos ambientalistas han señalado que el desmonte acelerado en la Península de Yucatán afecta de forma crítica los corredores biológicos, disminuye la capacidad de absorción de carbono, y agrava el impacto del cambio climático a nivel regional.
Además, el cambio de uso de suelo sin evaluación de impacto ambiental no solo es ilegal, sino que deja expuestos a los ecosistemas a prácticas agrícolas que degradan el suelo, contaminan fuentes de agua y desplazan especies endémicas.
Las acciones legales por parte de la Profepa continúan su curso. Sin embargo, organizaciones ambientalistas insisten en que se requiere una política de control y monitoreo más firme para frenar la devastación ecológica en una de las regiones más biodiversas del país.
> “No se trata de frenar la producción agrícola, sino de hacerlo de forma legal, sustentable y sin pisotear la selva”, advirtió un activista en Tekax.
