Ciudad de México, 30 de junio de 2025.— Un fuerte golpe al crimen organizado fue arestado por el Gobierno de México con la desarticulación de una de las principales redes dedicadas al robo y comercialización il3gal de hidrocarburos en el centro del país. El gabinete de seguridad federal informó este domingo que, tras seis meses de investigaciones, se logró la captura de 32 presuntos integrantes de una organización cr1m1nal que operaba con protección de autoridades de distintos niveles.
El operativo se desplegó de forma simultánea en Ciudad de México, Querétaro, Estado de México e Hidalgo, donde fueron asegurados inmuebles, vehículos, 4rm4s, dinero en efectivo, combustible r0b4d0 y hasta animales exóticos.
La estructura criminal estaba encabezada por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flako de Oro”. Su modus operandi consistía en la perforación clandestina de ductos de gas LP y gasolina, el resguardo del combustible en bodegas y su posterior distribución ilegal a diversas gasolineras.
Resultados del operativo:
32 personas detenidas, incluidos los líderes del grupo.
12 inmuebles asegurados.
21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 8 pipas, 5 cajas secas y 1 tanque estacionario.
48 vehículos —algunos de lujo y blindados—, un autobús y 12 motocicletas.
36 4rm4s de fuego.
Una bodega utilizada como centro de almacenamiento.
Dosis de sustancias prohibidas y medicamentos controlados.
Clausura de dos tomas clandestinas de hidrocarburos.
Más de 15.9 millones de pesos en efectivo.
Animales exóticos, ahora bajo resguardo de la Profepa.
Las autoridades indicaron que este grupo no solo tenía una logística avanzada para el robo de combustibles, sino también una red de complicidades institucionales, por lo que ya se investigan posibles vínculos con funcionarios públicos en las entidades donde operaban.
Con este operativo, el gobierno federal reafirma su compromiso de combatir frontalmente el llamado huachicoleo, una práctica que no solo afecta a Petróleos Mexicanos y a las finanzas públicas, sino que también representa un grave riesgo para la seguridad de las comunidades.
La Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones para fincar responsabilidades penales tanto a los detenidos como a los posibles servidores públicos coludidos.
