Por Jesús Caamal
¿Quién podrá ayudarnos? Esa es la pregunta que resuena cada día entre los pasillos vacíos, los hogares preocupados y los corazones indignados de alumnos y padres de familia de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García en Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Desde hace más de seis meses, la institución permanece cerrada y las clases están suspendidas, sin que hasta ahora las autoridades educativas hayan dado respuesta alguna.
Más de 200 estudiantes de diversas carreras han sido privados de su derecho a la educación, un derecho fundamental establecido en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza a toda persona el acceso a una educación pública, laica, gratuita y de calidad, en todos sus niveles. ¿Cómo es posible, entonces, que este derecho se les niegue sin justificación?
Tihosuco no es cualquier comunidad. Es un lugar de profunda memoria histórica, el punto donde en 1847 estalló la Guerra de Castas, la rebelión maya contra el olvido y la opresión. Hoy, casi dos siglos después, esa lucha parece no haber terminado. En noviembre de 2024, los estudiantes alzaron la voz para exigir la entrega de sus títulos profesionales.
Lograron el objetivo, pero lo que siguió fue inesperado: el cierre repentino de la universidad. ¿Fue acaso una represalia? Todo apunta a que sí. Señalan directamente a Raquel de la Luz Sosa Elizaga, coordinadora nacional del sistema universitario, como responsable de una decisión que parece más personal que institucional.
Las Universidades para el Bienestar, impulsadas desde 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, surgieron con un propósito noble: llevar educación superior gratuita a las comunidades marginadas del país. Sin embargo, en Tihosuco —la capital cultural del pueblo maya— este proyecto parece ir en retroceso, no por falta de voluntad local, sino por acciones arbitrarias de quienes hoy tienen el poder de cerrarlas o silenciarlas.
¿Qué pensará el ex presidente López Obrador de lo que ocurre aquí? ¿Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Estarán informados? Porque de estarlo, habría una actuación firme.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas exige sancionar a los servidores públicos que incumplen sus funciones. Incluso el Artículo 215 del Código Penal Federal contempla como abuso de autoridad cualquier acto en el que un funcionario actúe contra la ley o utilice su cargo para perjudicar a otros.
Aunque no exista una pena específica por violar el derecho a la educación, el daño causado a cientos de estudiantes es real, injustificable y, posiblemente, punible. La omisión también es violencia cuando se ejerce desde el poder.
Tihosuco vuelve a alzar la voz. El pueblo maya, históricamente silenciado, no olvida ni perdona tan fácilmente. Tal parece que la rebeldía sigue viva, latente, esperando un nuevo momento para hacerse escuchar. Porque esta vez, la lucha ya no es sólo por títulos, aulas o clases: es por dignidad, justicia y memoria.
