Por Jesús Caamal
Cuando el gobierno federal decidió extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la reacción pública fue inmediata y razonablemente escéptica. ¿Cómo no sospechar de un intento por controlar la información cuando se elimina un organismo autónomo que servía como contrapeso para vigilar al propio poder?
Todo parecía indicar que la transparencia quedaría relegada a una promesa vacía, particularmente si se considera el historial de opacidad en temas presupuestales y contrataciones públicas. Sin embargo, en un giro inesperado, el gobierno ha presentado su nueva apuesta: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y con ella, el programa “Transparencia para el Pueblo”.
De acuerdo con el discurso oficial, no se trata de eliminar la transparencia, sino de simplificarla. “Transparencia para el Pueblo” promete ser una plataforma ágil, sin la pesadez burocrática que, admitámoslo, a veces entorpecía el trabajo del INAI. También se asegura que habrá mecanismos para resolver inconformidades a través de un tribunal especializado que entrará en funciones en septiembre de este año, como parte del nuevo sistema judicial que será definido tras las elecciones de junio.
El nuevo modelo administrará las solicitudes de información del Poder Ejecutivo federal, que representa aproximadamente el 80% de los sujetos obligados. El otro 20% que incluye a partidos políticos, universidades, sindicatos y los poderes Judicial y Legislativo tendrá sus propios órganos internos de transparencia.
En teoría, la descentralización de la transparencia puede sonar eficiente, pero en la práctica puede derivar en fragmentación, duplicidad y falta de seguimiento. Y lo más preocupante: los órganos que deben transparentar la información serán quienes la filtren o decidan cómo y cuándo entregarla.
Otro dato relevante es la reducción en la estructura operativa: el INAI contaba con 28 direcciones generales, mientras que Transparencia para el Pueblo solo tendrá 6, y la nueva unidad de Protección de Datos Personales contará con 3. ¿Cómo planean cubrir la misma carga de trabajo con una estructura drásticamente reducida? No queda claro.
Sí es positivo que se mantenga operativa la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y que esta dependa del Sistema Nacional de Transparencia y no directamente de una dependencia del Ejecutivo. Esto podría funcionar como un freno institucional, pero la realidad es que la autonomía y fortaleza del sistema aún están por ponerse a prueba.
Este rediseño de la transparencia pública parece seguir la lógica bajo el discurso de “servir al pueblo”. El punto cuatro del decálogo del presidente López Obrador habla de informar “de forma periódica y con absoluta transparencia el destino de los recursos públicos”.
En resumen, la transparencia en México no ha muerto, se ha cambiado el formato. Hoy más que nunca, los medios, la sociedad civil y la ciudadanía deberán estar alertas para que este nuevo modelo no se convierta en una simulación con nombre bonito.
Porque si la transparencia se entrega de arriba hacia abajo, filtrada por quien gobierna, entonces ya no es un derecho: es una concesión… Nos leemos hasta la próxima.
