Yucatán- Este miércoles, el Congreso de Yucatán aprobó una reforma histórica que despenaliza el ab0rt0 en el estado hasta las 12 semanas de gestación, un cambio fundamental en la autonomía reproductiva y los derechos de las mujeres y personas gestantes. Con 22 votos a favor y 13 en contra, Yucatán se convierte en el vigésimo estado de México en legalizar la interrupción del embarazo dentro de este límite de tiempo.
La reforma fue aprobada por las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública y de Salud y Seguridad Social, en respuesta a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la pen4lización del ab0rt0 voluntario. En consecuencia, la nueva legislación reconoce el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cu3rpo y su salud, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
La nueva ley también introduce un endurecimiento de las penas por el ab0rto forz4do, con castigos más severos para quienes obliguen a otras personas a interrumpir un embarazo sin su consentimiento. La pena por ab0rto forz4do se incrementa de 3 a 8 años de prisi0n, y en casos de viol3ncia, la pena podrá llegar hasta los 15 años de cárc3l. Esta medida refuerza la protección de las personas gestantes y subraya el compromiso del estado con la erradicación de la viol3ncia reproductiva.
Entre los diputados que apoyaron la reforma, Clara Paola Rosales Montiel (Morena) propuso una modificación al dictamen, asegurando que en casos donde no se pueda acreditar el delito de ab0rt0, este no pueda ser reclasificado como h0mic1dio. Por su parte, Larissa Acosta Escalante (MC) destacó que su voto favorable no responde a una ideología, sino a la convicción de que toda persona tiene derecho a un proceso reproductivo digno y sin imposiciones.
La reforma también subraya la importancia de la autonomía reproductiva y establece que las futuras generaciones serán las encargadas de decidir sobre su propio cu3rpo, subrayando que la libertad y los derechos reproductivos deben ser garantizados por el Estado.
Con esta importante aprobación, Yucatán da un paso firme hacia la protección de los derechos reproductivos y la salud de las personas gestantes, posicionándose en la vanguardia de un debate que sigue ganando terreno en todo el país.
