MÉRIDA, MX.- En respuesta a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena la despenalización del 4b0rt0 en Yucatán, las diputadas Larissa Acosta Escalante (Movimiento Ciudadano) y Clara Rosales Montiel (Morena) presentaron ayer dos iniciativas que buscan garantizar el derecho a decidir en la entidad.
Acosta Escalante destacó que la despenalización del aborto es una necesidad urgente para las mujeres, hombres tr4ns, personas no bin4rias y todas aquellas con capacidad de gestar, quienes han sido vulneradas por la crimin4lización de la interrupción del embarazo. Como ejemplo, recordó el caso de Evelia, una mujer indígena de Tixpéual que fue víctima de viol4ción y sometida a un legrado sin su consentimiento. Posteriormente, fue detenida y sentenciada a 10 años de prisión debido a un proceso judicial sin perspectiva de género.
“Mientras sigamos sosteniendo un Código Penal que criminaliza el derecho a decidir, dejaremos abierta la puerta a que jueces sigan tipificando h0micidi0 en razón de parentesco en casos de interrupción del embarazo”, advirtió la legisladora.
Su iniciativa propone derogar artículos del Código Penal y modificar la Ley de Salud del Estado, eliminando sanciones y garantizando acceso a servicios médicos seguros.
Por su parte, la diputada Rosales Montiel propuso una reforma al artículo 1º de la Constitución de Yucatán para reconocer el derecho a una vida digna, así como cambios en el Código Penal y la Ley de Salud. Su propuesta abarca temas como la atención integral del embarazo, parto y puerperio, la regulación de la objeción de conciencia en el personal médico y el acceso a información sobre salud s3xu4l y reproductiva.
“Criminalizar el derecho a decidir es criminalizar la pobreza”, sentenció Rosales Montiel, enfatizando que no todas las mujeres pueden pagar un ab0rt0 seguro o viajar a otro estado, lo que deja en mayor vulnerabilidad a niñas y adolescentes. Recordó que en 2022 se registraron mil 521 part0s en menores de 10 a 17 años en Yucatán, reflejando la urgencia de estas reformas.
Ambas iniciativas buscan que el Congreso local acate el fallo de la SCJN y garantice el acceso a la interrupción del embarazo sin crimin4lización, en un estado donde la justicia reproductiva sigue siendo una deuda pendiente.
