El gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, busca implementar cambios legales con el objetivo de frenar los actos violentos en el transporte público que han puesto en peligro la vida de locales y turistas, afectando la imagen de un estado que alberga 12 destinos turísticos de renombre mundial.
La iniciativa plantea modificaciones y la adición de artículos en el Código Penal de Quintana Roo:
Artículo 107: Las penas por delitos de homicidio y lesiones se incrementarán a la mitad cuando los responsables sean prestadores de servicios de transporte público o privado. Estas sanciones aumentarán dos terceras partes si las víctimas son menores de edad o turistas.
Artículo 162 Bis: Quienes causen daños o deterioren bienes propios o ajenos en perjuicio de terceros serán castigados con penas de 2 a 6 años de prisión.
Artículo 182: Se impondrán de 6 meses a 4 años de prisión a quien dañe, altere o destruya infraestructura vial, señales, tecnología o mobiliario relacionado con el transporte público o privado, o que interfiera en su funcionamiento. Esto incluye la retención de vehículos o la obstrucción de vías de comunicación.
Artículo 185 Bis: Los delitos de “Ataques a las vías de comunicación y medios de transporte” cometidos por prestadores de transporte serán perseguidos de oficio y las penas se incrementarán a la mitad.
Un paso para garantizar la seguridad
La reforma busca regular la conducta de los transportistas, especialmente taxistas, promoviendo un entorno seguro tanto para quienes viven en el estado como para los millones de turistas que lo visitan cada año. El documento ya está en manos del Congreso de Quintana Roo, que deberá analizar esta propuesta clave para proteger a la ciudadanía y reforzar la seguridad en el sector del transporte.
