El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reveló la existencia de una red de corrupción que perjudicó a 15 mil derechohabientes en la Península de Yucatán, de los cuales 8 mil 181 casos corresponden a Quintana Roo.
De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, despachos legales llevaron a cabo juicios irregulares para despojar a los acreditados de sus viviendas, demandándolos en estados donde no residían, lo que les impidió defenderse legalmente.
Quintana Roo, el estado más afectado
En Quintana Roo, solo 119 de los afectados residían en la entidad, mientras que los demás vivían en otros estados. En Yucatán se registraron 6 mil 357 casos, y en Campeche 907, siendo este último el estado menos afectado.
A nivel nacional, se detectaron 373 mil juicios fraudulentos, con patrones de irregularidades como la falta de notificación a los acreditados y la inclusión de personas que no tenían adeudos con el instituto.
El líder de la CROC en Cancún, Mario Machuca Sánchez, señaló que el sindicato ayudó a resolver varios casos a favor de los trabajadores, destacando que muchos adeudos se debieron a dificultades económicas o a la falta de aportaciones de los patrones, pese a los descuentos vía nómina.
Denuncias ante la FGR y medidas del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se están presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los funcionarios involucrados en estos fraudes, casos que han sido expuestos en su conferencia matutina.
Romero Oropeza reveló que los juicios masivos de despojo afectaron a más de 62 mil derechohabientes, con epicentros en Nayarit y Ciudad de México. Destacó que el Juzgado 60 Civil de la CDMX llegó a tramitar más de 4 mil demandas mensuales.
Gracias a las acciones de Sheinbaum, en noviembre de 2024 se logró detener esta práctica, protegiendo a más de 63 mil familias en todo el país.
Corrupción desde 2012
El titular del Infonavit denunció que esta estrategia de juicios masivos fraudulentos inició en 2012, operada por despachos legales que no notificaban a los acreditados, afectando incluso a quienes no tenían problemas de pago.
“Por ejemplo, un derechohabiente con una vivienda en el Estado de México era demandado en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse”, explicó Romero Oropeza.
En algunos casos, las viviendas fueron subastadas por el instituto, dejando a miles de familias sin hogar.
Con la investigación en curso, el gobierno federal busca hacer justicia a los afectados y evitar que estas prácticas vuelvan a repetirse.
