El gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, alcanzó un controvertido acuerdo con la Administración de Donald Trump para aceptar la deportación de migrantes colombianos indocumentados desde Estados Unidos, evitando así la imposición de aranceles y sanciones económicas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Sin embargo, la llegada de aviones militares estadounidenses con deportados ha generado un fuerte rechazo por parte del mandatario colombiano.
Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, Bogotá aceptó todos los términos propuestos por Trump, incluyendo el compromiso de recibir “sin limitaciones ni demoras” a los connacionales deportados. A cambio, Washington suspenderá las sanciones de visado y las inspecciones intensificadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, siempre y cuando el retorno de los migrantes concluya sin contratiempos.
No obstante, el presidente Petro calificó como inaceptable el uso de aviones militares para las deportaciones y ordenó devolver estas aeronaves. En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano afirmó: “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”. Esta postura ha intensificado las tensiones entre ambos gobiernos.
Como respuesta, Trump ordenó nuevas sanciones económicas y diplomáticas contra Colombia, decisión que ha generado indignación entre varios países de la región, quienes consideran estas medidas como una imposición abusiva que ignora los principios de soberanía y derechos humanos.
A pesar del acuerdo, el episodio pone en evidencia la creciente tensión entre Bogotá y Washington, con Petro defendiendo un enfoque más humanitario frente a las deportaciones masivas promovidas por la Administración Trump. Este choque de visiones amenaza con fracturar aún más las relaciones bilaterales y deja en incertidumbre el futuro de miles de migrantes.
