La disputa entre Calica, filial de Vulcan Materials Company, y el gobierno mexicano sigue intensificándose. La reciente admisión de un amparo por el Juzgado Segundo de Distrito añade un nuevo capítulo a esta confrontación, desatada tras el decreto que declaró el Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, medida que prohíbe la extracción de material pétreo en más de 53 mil hectáreas al sur de Playa del Carmen.
Desde mayo de 2022, la Profepa, con apoyo de la Marina, clausuró de manera definitiva las operaciones de Calica, argumentando daños irreparables al ecosistema. Sin embargo, la empresa sostiene que la medida vulnera sus derechos adquiridos y ha operado a través de su sociedad Rancho Piedra Caliza (Rapica).
El decreto, publicado días antes de la salida de Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, afecta terrenos estratégicos en Solidaridad, Cozumel continental y Tulum, zonas cruciales para la conservación ambiental y el turismo de la región.
Aunque el juez federal rechazó otorgar la suspensión provisional a Calica, fijó dos fechas clave:
17 de diciembre: audiencia incidental
31 de enero de 2025: audiencia constitucional, donde se definirá el futuro del decreto.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y calificó el decreto como un paso esencial para garantizar la preservación de los ecosistemas de Quintana Roo.
El caso de Calica expone el eterno choque entre intereses empresariales y la defensa ambiental. La resolución de este conflicto marcará el rumbo no solo para la ecología, sino también para el desarrollo económico y la imagen turística de Quintana Roo, uno de los destinos más visitados de México.
