En una decisión que ha generado controversia, los senadores Eugenio “Gino” Segura Vázquez y Anahí González Hernández, ambos representantes de Morena por Quintana Roo, votaron a favor de modificar la Ley de Derechos, estableciendo un nuevo cobro de 42 dólares por cada crucerista que ingrese a puertos mexicanos. La medida fue aprobada con 80 votos a favor, 37 en contra y ninguna abstención y entrará en vigor el 1 de enero de 2025.
La única representante quintanarroense que votó en contra fue la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PRI-PAN), quien argumentó que este incremento podría afectar negativamente al turismo, particularmente en destinos como Cozumel y Mahahual.
Empresas del sector turístico habían emitido advertencias sobre los efectos adversos de esta medida, señalando que millones de turistas podrían cancelar sus viajes, impactando la economía de regiones altamente dependientes de esta actividad. Especialistas destacan que, con el aumento, serán las empresas las que probablemente absorban el costo, lo que podría reducir la competitividad de México frente a otros destinos.
Eugenio “Gino” Segura, recientemente nombrado presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, había solicitado que el cobro se implementara de manera gradual. Sin embargo, finalmente votó a favor de la reforma. “Quiero impulsar un modelo turístico exitoso que ya funciona en Quintana Roo”, expresó tras su nombramiento.
Anahí González, por su parte, no mostró preocupación alguna por las peticiones de empresarios del sector y respaldó la medida sin objeciones.
Mayuli Martínez, al votar en contra, criticó la falta de sensibilidad hacia los efectos económicos que podría generar este incremento en zonas turísticas clave.
Representantes del sector han expresado su descontento, señalando que esta decisión se tomó sin considerar el impacto en las comunidades locales y en las empresas que dependen del flujo constante de turistas internacionales.
Con esta reforma, los legisladores de Morena aseguran que se busca generar mayores ingresos para el país, aunque los críticos temen que podría poner en riesgo la prosperidad compartida que Eugenio Segura mencionó como prioridad en su gestión. La medida ya está generando incertidumbre en la planificación de viajes y pone a prueba la capacidad de los destinos mexicanos para adaptarse a este nuevo escenario económico.
