Cancún, Quintana Roo – El gobierno de Quintana Roo ha implementado reformas significativas a la Ley de Equilibrio Ecológico, exigiendo que todas las transacciones inmobiliarias en el estado cuenten con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Esta medida busca frenar el desarrollo irregular y proteger el entorno natural, en un contexto donde la inversión inmobiliaria ha llevado a la devastación de selvas y áreas protegidas.
Expertos en medio ambiente han aplaudido esta iniciativa por su potencial para regular el crecimiento urbano. Sin embargo, también plantean retos importantes para los desarrolladores, quienes deberán afrontar procesos más largos y complejos para actualizar propiedades que no cumplan con la nueva normativa.
Patricia Ocaña Luna, presidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, destacó que esta reforma obligará a los desarrolladores a cumplir con los procedimientos adecuados. “Poner este candado es positivo porque va a obligar a los inmobiliarios a no eludir las regulaciones,” afirmó. Sin embargo, también advirtió sobre la discrepancia en los tiempos de respuesta de las autoridades, que pueden alargar los procesos de autorización.
En promedio, la Secretaría del Medio Ambiente del estado recibe aproximadamente 30 solicitudes de MIA en un trimestre, mientras que el número de registros públicos de propiedad puede triplicar esa cifra. “Hay una diferencia del 200 o 300 por ciento entre las autorizaciones solicitadas y las que realmente se registran,” explicó Ocaña Luna.
Quintana Roo continúa siendo un destino atractivo para la inversión inmobiliaria, lo que ha llevado a un crecimiento desordenado y a la depredación del territorio. Las nuevas regulaciones buscan equilibrar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, marcando un paso importante hacia un futuro más sostenible para la región.
