La Cámara de Diputados aprobó la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ha generado una gran polémica. El presidente Andrés Manuel López Obrador se muestra “contento y tranquilo” con esta decisión, asegurando que no implica la militarización del cuerpo policiaco.
Sin embargo, legisladores de la oposición y organizaciones civiles advierten que esta reforma constitucional puede llevar a la militarización de todos los ámbitos del país. La modificación del artículo 129 de la Constitución, que limita las funciones militares en tiempos de paz, y la eliminación de la “garantía orgánica” que obliga a las instituciones de seguridad pública a ser civiles, son algunos de los puntos más controvertidos.
López Obrador justificó la reforma argumentando que la Guardia Nacional tiene 130 mil elementos y 500 cuarteles, y que con un mando militar habrá “garantía” de que actúen con rectitud. También destacó que no ha habido problemas de abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de mil 700 quejas contra la Guardia Nacional, López Obrador aseguró que el cuerpo de seguridad y las Fuerzas Armadas no cometen abusos. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son las tres autoridades con más confianza de la población.
La oposición y organizaciones civiles temen que esta reforma consolide el poder político y económico de las Fuerzas Armadas y limite la separación entre las instituciones civiles y militares ¹.
