La situación que enfrentan varias comunidades de Felipe Carrillo Puerto, como Laguna Kaná, Santa Rosa y Kampocolché, que han estado sin suministro de energía eléctrica durante varios días, es alarmante y desafortunadamente refleja un patrón constante de desatención por parte de las autoridades. Seis días sin luz no sólo significa oscuridad, sino también la falta de acceso a servicios básicos, dificultades para conservar alimentos y medicamentos, y una afectación significativa a la calidad de vida de las familias.
La pregunta “¿quién los escuchará?” resuena profundamente porque, históricamente, estas comunidades han sido olvidadas y marginadas. Las autoridades responsables parecen estar más interesadas en atender a las zonas urbanas y turísticas, donde el impacto de una crisis se siente más en términos de economía y opinión pública. Las comunidades rurales, en cambio, son vistas como de menor prioridad. Esta percepción es errónea e injusta, ya que todas las personas tienen derecho a servicios básicos como la electricidad, sin importar su ubicación geográfica o su peso económico.
Entonces, ¿por qué no se les atenderá? La respuesta radica en una combinación de factores: la falta de voluntad política, la burocracia ineficiente y una evidente falta de empatía por parte de quienes deberían velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Las necesidades de estas comunidades suelen ser relegadas a un segundo plano debido a su aparente falta de “relevancia” en la narrativa política dominante.
Es urgente que las autoridades escuchen y atiendan los llamados de estas comunidades. Ignorar estos problemas solo perpetúa la desigualdad y el abandono. Es momento de que las voces de Laguna Kaná, Santa Rosa, Kampocolché y todas las comunidades afectadas sean escuchadas con la seriedad y urgencia que merecen.
