El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) ha expresado su preocupación y considera que la última reforma al Código Civil de Quintana Roo, que requiere una prueba de detección del VIH para contraer matrimonio, viola los derechos humanos, publicó, Novedades de Quintana Roo.
Según el Censida, esta modificación, reflejada en el artículo 682 del Código Civil, que fue aprobada por el Congreso del Estado en diciembre pasado, infringe los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de México. Publico Novedades Quintana Roo
Guillermo Brahms González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, ha declarado que la intención inicial no era violar derechos humanos, sino levantar la prohibición para que las personas con VIH pudieran contraer matrimonio. No obstante, el Censida destaca que esta medida va en contra de los principios constitucionales.
Brahms González menciona que se revisará la redacción tanto del dictamen final como de lo publicado, con un énfasis en la eliminación de la prohibición anterior que impedía a las personas con VIH casarse. Sin embargo, Edgar Mora Ucán, presidente de la organización Círculo Igualitario, plantea que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) podría interponer un recurso de inconstitucionalidad por esta reforma, destacando que se cometió un error al incluir varias iniciativas que no compartían el mismo enfoque.
La CNDH ya había enviado una recomendación al Congreso estatal en abril de 2023 para modificar el Código Civil, argumentando que este tipo de acciones no contribuye a la prevención del contagio del VIH. Mora Ucán resalta que han estado solicitando reformas en este sentido durante 12 años.
La disposición del artículo 682 también ha generado críticas por parte del Censida, que sostiene que contraviene tanto la Constitución Política como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, señala que esta medida va en contra de la Norma Oficial Mexicana NOM010-SSA-2023, que establece que no se debe solicitar una prueba de detección del VIH como requisito para el acceso a bienes o servicios. La dependencia considera que esta medida puede convertirse en una barrera para quienes deseen contraer matrimonio y viven con VIH.
